Un total de 16 decretos contributivos otorgados por la Alcaldía de Ponce no fueron avalados por la legislatura municipal y deberán ser revisados.
Ello no significa que se vayan a cancelar, sino que el Departamento de Planificación y Desarrollo Económico del ayuntamiento debe procurar hacer los ajustes que sean necesarios con cada beneficiario, para atender las preocupaciones y peticiones de los legisladores municipales.
Los decretos fueron otorgados bajo el programa Ponce Onboarding, desde su creación en el último trimestre de 2021 hasta marzo de este año, y sometidos en paquete ante la consideración de los asambleístas.
Los legisladores municipales no autorizaron cada decreto antes de otorgado, sino que pasaron juicio de los mismos meses o años después; por eso se le llama “aval” y no aprobación.
El abogado y legislador municipal José Hernández Lázaro, del Movimiento Victoria Ciudadana, dijo a este medio que la asamblea legislativa solicitó enmiendas para varios de los 16 decretos que posteriormente fueron avalados en la sesión del pasado 14 de mayo.
“Hubo una aplicación, tal vez, poco uniforme en cuanto a los criterios de la Ordenanza 6 y en cómo se aplicaban. Por ejemplo, hubo varios decretos de la industria de la salud que en esa ordenanza se establecía que era por cinco años y se le concedió por 10 años. Y eso hubo que enmendarlo posteriormente”, señaló Hernández Lázaro.
“Hubo otras ocasiones donde había información incorrecta, que no necesariamente afectaba el por ciento del decreto, pero que creaba unas contradicciones y tuvieron que hacer una serie de enmiendas para atemperarlos a lo que dice la Ordenanza 6, que luego se enmendó con la Ordenanza 7”, agregó.
Del total de 44 decretos concedidos por la administración municipal, 28 fueron avalados, pero cinco de ellos se cancelaron por diversas razones -incluyendo a petición de los proponentes-, por lo que quedaron 23.
Los recipientes fueron Cukidou, Tiber Health Public Benefit – Ponce Health Sciences University, Porta Ship Maintenance and Repair Corp, Automoll, Multy Medical Facilities Corp, el doctor José Torres Viruet y Grupo Vesan LLC.
Asimismo, la Clínica de Salud y Prevención de Mayagüez / Spine Sports and Motion, Centro Creando Camino de Vida LLC, LCSW LLC, Colón Alvarez CPA, Rythm Spin Cycling, Laboratorio Clínico Elena, Fundación para la Conservación Adaptativa, Tazza D’ Oro y Caribbean Surgicare Assertive Surgical Network.
De igual modo, el Hospital Damas, Motorambar Inc, Nova Optical O&G Bless Vision, Plaza del Caribe, Optimal Fitness Conditioning Inc, Rock N Grill y Autobahn PR.
Los cinco decretos cancelados los habían solicitado Millennium Tower, Fleming Hotel, Sangaree Puerto Rico, Tai Development Group y Costco.
El director de Planificación y Desarrollo Económico del ayuntamiento, Jean Paul González Santini, dijo a los legisladores municipales que Millennium Tower y Fleming Hotel recibieron los beneficios de la Ley 60; que la alcaldía confirmó que Sangaree no tenía una operación y que Tai Development Group -que pretende desarrollar apartamentos detrás del desaparecido cine El Emperador- rediseñará el proyecto debido a los altos costos de construcción y por eso pidió la cancelación.
En cuanto a Costco, La Perla del Sur publicó el 6 de diciembre de 2023 que la empresa desistió de establecerse en Ponce.
Los restantes 16 decretos serán objeto de nuevas evaluaciones por parte de la legislatura municipal y González Santini.
Los beneficiarios en este caso son la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Farmacia Lorraine, J&J Screens, Fusion Cuisine and Bar Restaurant, FLK LLC, The Kitchen by Chef Teissonniere, Nova Lady Salon, Ji Hair Studio, Wise Financial Group LLC, y Mr. Mister The Fashion Club.
De igual modo, EV Business Ideas LLC DBA Katalé Coffee Lounge & Restaurant, Centro Ambulatorio de Cirugía Especializada, La Nueva Era, Sierra Fina DBA Auto 1, Restaurante El Tiara Corp / Pa’ la Ceiba Sport Bar y Caleb Realty Inc.
“Hay otros que están en proceso de corrección por una situación sobre la industria que aplicaba. Hubo una controversia sobre qué industria les aplicaba a los restaurantes, y se aplicó de forma inconsistente”, explicó Hernández Lázaro.
“En algunos se ponía como turismo, en otros como alimentos y eventualmente se crea una categoría de gastronomía. Unos decretos están pendientes a cómo se va a aplicar y el efecto que tiene la industria sobre el decreto”, continuó.
El legislador municipal añadió que “otros eran para corregir información incorrecta, como la zona donde ubica el negocio; en otros falta información sobre los proyectos y otros son de negocios que cerraron y pidieron que se le transfiriera a un nuevo negocio”.
El ejecutivo se defiende
Durante la sesión ordinaria del 14 de mayo, González Santini defendió el otorgamiento de los decretos y su posterior presentación en bloque a la legislatura municipal.
“Cuando (el proyecto) se aprobó por esta legislatura, se presentó la intención de establecer los parámetros, hacer la evaluación… la legislatura autorizó al municipio, al ejecutivo, a establecer los parámetros, que fueron los que fueron aprobados acá; a recibir solicitudes, a evaluarlos y aprobarlos”, señaló.
“Ahora, lo que hacemos en este mecanismo, es presentándolo para darle un aval, porque el municipio no está dando más allá de lo que nosotros presentamos bajo los parámetros que esta legislatura aprobó”, prosiguió.
Sobre el particular, Hernández Lázaro comentó que ese orden es el que dispone la reglamentación vigente, pero que podría mejorarse.
“El proceso es el que ya hemos hablado. Podría ser mejor que eso pasara por la legislatura antes de su firma, pero dentro del proceso que tenemos ahora lo importante al final del día es que tengamos la oportunidad de revisarlos y levantar los señalamientos que sean necesarios, de haber alguno, o avalarlos y que se le dé continuidad a este proceso”, opinó el abogado.
Dijo, además, que el ejecutivo se comprometió a someter los decretos a la legislatura con más frecuencia.
“El manejo de cómo se presentaron a la legislatura es un señalamiento que se ha hecho desde la legislatura y así lo han expresado también miembros de la mayoría (del Partido Popular Democrático), diciendo que esto no puede esperar a que sean cuarenta y pico de decretos para entonces traerlos, sino que deberían llegar de forma regular a la legislatura. El compromiso es que eso ocurra de esa forma de aquí en adelante”, indicó Hernández Lázaro.
Discrepancia por los DBA
Por otra parte, durante la sesión legislativa González Santini notificó la presentación de una enmienda al proyecto original para establecer que los individuos que operan bajo el mecanismo Doing Business As (DBA) son elegibles para recibir los decretos.
Esto, porque algunos legisladores municipales entienden que la ley solo aplica a las corporaciones registradas ante el Departamento de Estado de Puerto Rico y esa discrepancia fue una de las razones para no avalar ciertos decretos.
“Hay unos cuantos que son empresas que no están registradas como corporaciones en el Departamento de Estado y eso crea una contradicción con los criterios de elegibilidad que se establecen en la Ordenanza 6, que entonces podría conllevar la nulidad de esos decretos”, sostuvo Hernández Lázaro.